1. Contexto y posición boliviana

 

La vigesimoséptima Conferencia de las Partes COP27 se llevó a cabo del 6 al 18 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto, se desarrolló en un contexto poco habitual; desde todas las regiones del globo se multiplicaron los reportes mundiales sobre eventos metrológicos extremos y un contexto geopolítico muy complejo post pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania con efectos sustanciales en la economía, política energética y finanzas que replantean la política global y ambiciones climáticas.

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La COP27 se inició en medio de protestas por el poco o ningún progreso concreto en el aumento de la ambición en los objetivos o en la reducción de emisiones con respecto a la COP26, especialmente de los países históricamente responsables del Cambio climático.

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De manera general la posición boliviana se basa en (i) una visión crítica al capitalismo y a las soluciones del 

capitalismo para enfrentar los problemas originados por el capitalismo; (ii) Fortalecimiento de los principios de la Convención y Acuerdo de París; (iii) dar mayor visibilidad a la visión y voz de los pueblos para solucionar de

forma estructural la crisis climática; (iv) fortalecer a las poblaciones vulnerables a enfrentar el cambio climático.

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2. Intención de mantener el 1.5°C

 

Si bien se dio una casi unanimidad sobre limitar el aumento de la temperatura en 1.5°C (respecto a la era preindustrial), este hecho fue catalogado por Bolivia y muchos otros países como hipócrita, pues, la realidad de reducciones necesarias del 43% no es efectiva, como tampoco la financiación de los 100 mil millones de dólares para la acción climática, ambos compromisos adquiridos y no cumplidos por parte los países desarrollados. Tendencia que según el IPCC nos conduciría a un calentamiento de 2.5°C.

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3. Fondo para pérdidas y daños

 

Después de muchos años de discusión los países han acordado la necesidad inmediata de aportar recursos financieros nuevos, adicionales, predecibles y adecuados para la creación de un Fondo par a cubrir desplazamientos forzados, daños en el patrimonio cultural, así como dificultades en la movilidad y vida de los habitantes debido al cambio climático.

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Se prevé que las pérdidas y los daños inducidos por el cambio climático en los países en desarrollo costarían un mínimo de 160.000 millones de dólares por año, con tendencia a incrementarse considerablemente. Las promesas iniciales expresadas por Alemania, Austria, Irlanda, Bélgica, Escocia, Dinamarca suman aproximadamente 250 millones. Sin embargo, se espera que este fondo crezca con aportes financieros "nuevos, adicionales, predecibles y adecuados" que debería dirigirse a todos los países en desarrollo o a los vulnerables.

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Queda mucho trabajo por hacer por el Comité de transición para P&D hasta la COP28, y buscar compromisos reales. Aun no se sabe cómo poner en marcha el Fondo, entre otros aspectos es necesario esclarecer quiénes contribuirán al fondo, quienes se beneficiarán, con cuánto y cómo se distribuirían esos recursos. Inicialmente se habló de sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y otros desastres causados por el cambio climático, sin embargo, las P&D son múltiples y variadas en cada país y región.

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Existe una fuerte tendencia de involucrar a las instituciones financieras como el FMI, BM, etc. para establecer formas para proporcionar financiamiento y responder las pérdidas y daños, a lo que Bolivia presenta reparos, arguyendo que endeudar a los países no es la forma ética de abordar la compensación de P&D tomando en cuenta que los causantes del problema deben responder de forma directa. Los países desarrollados continúan rehuyendo una responsabilidad legal por los desastres climáticos.

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4. Financiación de la acción climática

 

El mayor cuello de botella y asunto central para incrementar la acción climática es la financiación, ya sea para acciones de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, desarrollo tecnológico, etc. Todos los procesos requieren grandes inversiones de recursos financieros y otros medios de implementación.

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Los 100 mil millones anuales de financiación a los países en vías de desarrollo, prometidos por los países desarrollados, no se han cumplido. Además, este monto quedaría pequeño frente a los nuevos cálculos que muestran requerimientos inmensos para una transformación global hacia sistemas resilientes y bajos en carbono, especialmente tomando en cuenta las necesidades de los países en vías de desarrollo.

De allí que se discutió la necesidad de establecer un "nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre la financiación climática". La financiación bajo un nuevo objetivo requerirá una transformación estructural del sistema financiero, Bolivia planteó la participación más directa de los Bancos de Desarrollo y de los gobiernos y la determinación de una nueva meta colectiva de financiamiento con énfasis en la cantidad y hoja de ruta clara para cuantificarla.

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En la COP28 el Comité Permanente de Finanzas de la ONU sobre el Cambio Climático deberá presentar un informe de progreso sobre el objetivo de los 100 mil millones de dólares, además sobre la financiación de la adaptación y posible duplicación.

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4. Adaptación y Mitigación

 

La Meta Global de Adaptación (GGA) apenas consiguió un pequeño mandato para iniciar el proceso, pero no se avanzó en un acuerdo. Se han puesto sobre la mesa propuestas para incluir dimensiones de impacto, vulnerabilidad y riesgo. Se espera que estas negociaciones sobre GGA concluyan en la COP28.

Se inició el Programa de trabajo sobre mitigación con el objetivo de aumentar la ambición y las acciones de mitigación, mismo que concluirá el 2026.

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En materia de mitigación se han tenido muy pobres resultados, el texto apenas indica "Se reitera la invitación a las Partes para que consideren nuevas medidas para reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del dióxido de carbono, incluido el metano" fue considerado por Bolivia muy pobre y aun sin compromisos vinculantes.

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Hasta el 2023 los gobiernos que no lo hicieron deben revisar sus planes climáticos nacionales hasta finales de 2023 y reforzar sus objetivos de mitigación al 2030 eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles ineficientes, este último con interpretaciones muy subjetivas y en general no se consiguió ningún compromiso vinculante. La decisión final remarca la urgencia de acelerar la transición hacia energías limpias (sin mención a los biocombustibles) y renovables hasta el 2030.

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5. Sector agrícola con enfoque en favor de grupos vulnerables

 

Muchos años de negociación culminaron con una decisión “Labor Conjunta de Sharm El-Sheikh sobre la implementación de la acción climática en la agricultura y la seguridad alimentaria” que incluirá la implementación de los resultados del trabajo conjunto de Koronivia sobre agricultura y actividades anteriores que abordan cuestiones relacionadas con la agricultura. La decisión excluye menciones a los sistemas alimentarios, agroecología, sistemas basados en la naturaleza por ser conceptos muy controversiales para muchos países.

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Bolivia logró incluir un fuerte enfoque en favor de la agricultura familiar y grupos vulnerables, eximiéndolos de obligaciones de mitigación, más por el contrario se priorizaron temas de adaptación, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y financiamiento para grupos vulnerables como indígenas, pequeños agricultores, mujeres y comunidades locales.

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6. Implicaciones para Bolivia

 

Durante la COP 27 Bolivia ha avanzado exitosamente incluyendo temas prioritarios nacionales, entre estos tenemos:

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Se cuenta con una conclusión favorable para la operacionalización de los enfoques no basados en mercado (Artículo 6.8 del Acuerdo de París). Plataforma de registro de necesidades y mapeo de iniciativas, y mesas de trabajo para articular demandas y cooperación.

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Se avanzó en el proceso de implementación de los enfoques no basados en mercados, dando continuidad al recién creado Comité de Glasgow. Uno de los retos más importantes será crear una cartera de proyectos nacional y regional bajo este enfoque.

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Se ha avanzado en la creación de las ventanas de financiamiento desde la convención para enfoques alternativos, mimo que deberá priorizar acciones en la COP28, por ejemplo, implementación del mecanismo conjunto y acciones a favor de los bosques amazónicos.

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Bolivia colocó sus reparos sobre el rol de la banca y el sistema financiero que detrás de la lucha contra el cambio climático se promueve endeudamiento para los países en desarrollo. Bolivia debe continuar promoviendo un involucramiento diferente de la banca, con enfoque social, productivo y resiliente, especialmente de los bancos de desarrollo.

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La situación de las negociaciones obliga a promover acuerdos basados en la Convención y Acuerdo de París y sus principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas, Respeto a la Madre Tierra, justicia climática, viviendo tiempos de crisis climática, derecho al desarrollo de los países, respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

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Bolivia también debe generar evidencia sobre los impactos del cambio climático y los daños y perdidas y establecer arreglos financieros para el Fondo de Perdidas y Daños, siendo algunas áreas importantes las de agua, biodiversidad, suelo, agricultura y salud.

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Bolivia también ha incorporado la recuperación de las cosmovisiones, sistemas de conocimiento y saberes indígenas y tradicionales para proponer alternativas de adaptación. Además de la defensa de la posición boliviana a lo que denominó “colonialismo de carbono” Bolivia debe continuar apoyando al Programa de transición justa ampliando el área de acción a las dimensiones de la justicia climática.

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La decisión sobre agricultura es un avance considerable para la política boliviana en este sector, sin embargo, queda aún la última fase de generar las condiciones para la implementación de acciones prioritarias y canalizar los medios de implementación.

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Bolivia ha introducido un enfoque sobre la Madre Tierra y un enfoque holístico de mitigación, adaptación y daños y pérdidas para comprender e incluir el rol de las funciones ambientales y la Madre Tierra.

 

La defensa de los grupos vulnerables y su prioridad de adaptación seguirá siendo una tarea importante tanto en la determinación de las metas de adaptación como para la institucionalización del Fondo de Daños y pérdidas.

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Finalmente, una de las mayores implicaciones será en la implementación del Mecanismo Conjunto, no solo a nivel nacional sino regional. Muchas de las condiciones ya se han avanzado, normativa nacional, inclusión en el Acuerdo de París, creación del Comité de Glasgow, inclusión en varias ventanas de financiamiento los enfoques alternativos, ahora, queda otra fase no menos importante que es el desarrollo de propuestas para efectivizar su implementación en acciones territoriales.