Introducción

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En el contexto actual de cambio climático, el financiamiento climático ha sido ampliamente reconocido como un elemento fundamental para que los países puedan implementar acciones efectivas de mitigación y adaptación. En noviembre de 2024, en Bakú, Azerbaiyán, se celebrará la COP29, un evento crítico en el que se vence el plazo para definir una nueva meta de financiamiento climático cuantificado, colectivo y ambicioso (NCQG) que sustituya al objetivo anterior de 100 mil millones de dólares anuales, un compromiso que los países desarrollados no han cumplido en su totalidad hasta ahora. Esta vez, se espera que las negociaciones logren un acuerdo acorde con las necesidades reales de los países en desarrollo, y que no se repita la falta de compromiso que se observó en Copenhague hace más de una década.

Para cumplir con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) hasta 2030, Bolivia requiere aproximadamente 32.570 millones de dólares. De este monto, alrededor de un tercio debería ser financiado con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN), otro tercio mediante créditos, y el tercio restante mediante donaciones de compromisos internacionales. Actualmente, Bolivia ha logrado entre el 19.49% de avance en la implementación de sus NDC, pero el financiamiento insuficiente es uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el país para cumplir con sus metas. En particular, la implementación de las metas de NDC en el sector de bosques requeriría una inversión de aproximadamente 5.796 millones de dólares, de los cuales el 60 % estaría condicionado a la cooperación internacional. Estas cifras reflejan la gran dependencia de Bolivia de los compromisos financieros globales, que deben ser ambiciosos y estar alineados con las necesidades específicas de los países en desarrollo.

Las necesidades de los países en desarrollo para financiar la transición hacia modelos económicos resilientes se estiman entre 1 y 10 billones de dólares anuales, lo que resalta la insuficiencia del objetivo de 100 mil millones y subraya la necesidad de una meta mucho más ambiciosa en la COP29. A lo largo de estos años, el escenario geopolítico también ha cambiado: aunque inicialmente se asumió que los países desarrollados deberían financiar las acciones climáticas en los países en desarrollo, el Acuerdo de París de 2015 estableció que todos los países deben asumir una parte de la responsabilidad. Sin embargo, este acuerdo no incluyó un compromiso financiero equiparable de las economías desarrolladas, quienes se limitaron a renovar el objetivo de movilizar los mismos 100 mil millones hasta 2025, una cifra claramente insuficiente.

A nivel de adaptación, la brecha de financiamiento es aún más amplia. Un informe del Banco Mundial estima que los países en desarrollo necesitarán entre 140 y 300 mil millones de dólares anuales para financiar adecuadamente medidas de adaptación hacia 2030. Sin embargo, el financiamiento actual solo representa una fracción de esta cantidad, dejando a los países expuestos a fenómenos climáticos extremos y a la degradación ambiental. Este desbalance en la distribución de recursos limita la capacidad de los países en desarrollo para implementar programas efectivos de adaptación y para cumplir con sus NDC en el marco del Acuerdo de París.

Países en desarrollo han solicitado reiteradamente que el financiamiento climático no solo se incremente, sino que también sea más accesible y que se adapte a sus necesidades específicas de adaptación y conservación de ecosistemas. Los mecanismos financieros multilaterales, como el Fondo Verde para el Clima (GCF) y el Fondo de Adaptación, han sido instrumentales para canalizar recursos hacia estos sectores. Sin embargo, el acceso y los montos disponibles son insuficientes para abordar los retos de adaptación a escala.

La necesidad de financiamiento climático es particularmente urgente en los sectores de bosques y adaptación, que son esenciales para mejorar la resiliencia de las comunidades y para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En Bolivia, los bosques cumplen un rol vital como sumideros de carbono, así como en la protección de la biodiversidad y la provisión de medios de vida a comunidades locales, y a la vez, la perdida de bosques, corresponde casi al 67% de las emisiones bolivianas. No obstante, el financiamiento para este sector y para la adaptación en general sigue siendo marginal en comparación con el destinado a actividades de mitigación más comercialmente atractivas, como la energía limpia y la infraestructura urbana.

Este artículo tiene como objetivo analizar la distribución actual de los flujos de financiamiento climático en Bolivia, comparando las inversiones en mitigación y adaptación, y destacar la necesidad de aumentar el apoyo a los sectores de bosques y adaptación, que son críticos para la resiliencia climática del país. A través de esta revisión, se busca subrayar las disparidades en la asignación de fondos y proponer una mayor equidad en la distribución de recursos para abordar los desafíos climáticos de manera integral.

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Datos relevantes

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La figura 1 (Emissions Gap Report 2024 de UNEP) ilustra la enorme brecha de financiamiento para lograr una trayectoria compatible con el límite de 1.5 °C en diversos sectores. Aunque se necesitan 9,105 mil millones de dólares anuales para alcanzar esta meta, los flujos de financiamiento en 2021-2022 solo alcanzaron 1,150 mil millones, evidenciando un déficit de 6 a 10 veces en comparación con los requerimientos estimados. Los sectores como energía, transporte y construcción requieren entre 3 y 11 veces más financiamiento que el disponible actualmente, mientras que la agricultura y el uso de la tierra presentan los déficits más críticos, con una necesidad de aumento de hasta 198 veces. Esta brecha destaca la urgente necesidad de incrementar los flujos financieros para cumplir con los objetivos climáticos globales y reducir las emisiones.

A nivel global, los flujos de financiamiento climático anualizado para 2021-2022 muestran una marcada concentración en sectores de mitigación, con un énfasis en sistemas de energía limpia, que recibieron 515 mil millones de dólares, el valor más alto entre todas las categorías. El financiamiento para infraestructura y edificios sostenibles también fue significativo, alcanzando los 240 mil millones de dólares, seguido por el transporte sostenible con 338 mil millones de dólares. Estas inversiones reflejan la preferencia por actividades de mitigación que tienden a atraer inversiones privadas debido a su potencial de retorno económico directo.

En comparación, los sectores de adaptación continúan recibiendo una porción mucho menor de los flujos de financiamiento. Solo se destinaron 63 mil millones de dólares a proyectos de adaptación y 64 mil millones a proyectos que combinan mitigación y adaptación. La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), que son críticos para la resiliencia de las comunidades rurales y la captura de carbono, apenas recibieron 45 mil millones de dólares.

El informe de la CEPAL (2023) muestra que en esta región se movilizaron anualmente un promedio de 20 mil millones de dólares para proyectos de cambio climático entre 2013 y 2020, aunque el financiamiento sigue siendo volátil y predominantemente orientado hacia la mitigación. En Bolivia, la asignación presupuestaria promedio para cambio climático los últimos 10 años oscilo alrededor de 0.9% del presupuesto nacional, destacando una tendencia regional de baja asignación para adaptación.

 

Figura 1. Necesidades de financiamiento estimadas y flujos financieros actuales por sector (trayectoria de 1.5 °C, 2021-2022, miles de millones de USD/año, UNEP Emissions Gap Report 2024)

 

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Estos datos subrayan la urgencia de equilibrar la asignación de recursos financieros entre mitigación y adaptación, especialmente en países en desarrollo, donde las necesidades de resiliencia climática son apremiantes y los impactos del cambio climático ya se sienten de manera intensa. A pesar de los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, el financiamiento para adaptación sigue siendo insuficiente en comparación con las crecientes necesidades para lograr la resiliencia climática global.

 

Figura 2. Costo aproximado de implementación de las NDC bolivianas (en Millones de USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los requerimientos de financiamiento para la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Bolivia hasta el 2030 son significativos y están distribuidos en varios sectores prioritarios. La gráfica muestra que el sector de energía lidera las necesidades de financiamiento con un total de 13.438,03 millones de USD, reflejando la gran inversión necesaria para transitar hacia un sistema energético más limpio y sostenible. El sector de agua sigue con 12.030,91 millones de USD, indicando la importancia de asegurar el acceso y la gestión de este recurso vital en un contexto de cambio climático.

El sector de bosques, crucial para la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad, requiere 5.829,74 millones de USD, de los cuales el 60 % está condicionado a la cooperación internacional, subrayando la dependencia de Bolivia en la ayuda externa para alcanzar sus metas. El sector agropecuario también demanda una inversión de 1.364,94 millones de USD para adoptar prácticas sostenibles que protejan los suelos y reduzcan las emisiones. Estos sectores representan áreas clave en la estrategia climática de Bolivia, y su financiamiento es esencial para alcanzar las metas de adaptación y mitigación establecidas en las NDC del país.

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Discusión

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El análisis del financiamiento climático en 2021-2022 muestra una clara predominancia de inversiones en mitigación, especialmente en sectores como energía limpia, infraestructura y transporte. Aunque estas inversiones son esenciales para reducir las emisiones globales, han dejado áreas de adaptación, como la agricultura, silvicultura y gestión del agua, desatendidas. Esta disparidad es especialmente preocupante en países en desarrollo donde los impactos del cambio climático son intensos y las comunidades dependen de estos sectores para su sustento y seguridad. La falta de financiamiento suficiente en adaptación limita la capacidad de los países vulnerables para fortalecer su resiliencia frente al cambio climático.

En el caso de Bolivia, la situación es particularmente desafiante. A pesar de sus compromisos con la CMNUCC y el Acuerdo de París, Bolivia enfrenta grandes dificultades para financiar completamente sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Se estima que hasta 2030 el país necesitará aproximadamente 32.570 millones de dólares para implementar sus metas climáticas, de los cuales solo un tercio podría provenir del Tesoro General de la Nación (TGN) y otro tercio de créditos, mientras que el resto depende de donaciones y cooperación internacional. Sin embargo, el avance en la implementación de sus NDC es limitado; hasta 2023, Bolivia solo reportó el cumplimiento de un 19,49% de sus metas, principalmente debido a la falta de financiamiento adecuado para proyectos de adaptación y mitigación.

La dependencia de Bolivia del financiamiento climático externo es crítica, especialmente considerando que los sectores clave para la resiliencia, como los bosques y el agua, requieren grandes inversiones que el país no puede cubrir por sí solo. En el sector de bosques, por ejemplo, se necesitan alrededor de 5.796 millones de dólares, de los cuales el 60 % está condicionado a la cooperación internacional. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de Bolivia frente a la falta de recursos financieros y la necesidad de un sistema de gobernanza climática más robusto que facilite el acceso a fondos internacionales y asegure la eficiencia en el uso de estos recursos.

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Conclusiones

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La mayor parte del financiamiento climático global sigue estando orientado hacia la mitigación, mientras que sectores críticos de adaptación, como la agricultura y la gestión del agua, y bosques, reciben menos fondos.

La falta de cumplimiento del objetivo de financiamiento de 100 mil millones de dólares ha generado desconfianza en los países en desarrollo, limitando su capacidad para implementar acciones de adaptación y mitigación.

En la COP29 en Bakú, se hace fundamental definir una nueva meta de financiamiento más ambiciosa y accesible que refleje las necesidades reales de los países en desarrollo y su capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Bolivia, con una necesidad estimada de 32.570 millones de dólares para implementar sus NDC hasta 2030, requiere que aproximadamente un tercio de este financiamiento provenga de donaciones internacionales, el resto de otros mecanismos financieros, por ejemplo, los enmarcados en el Artículo 6 del Acuerdo de París. Con un avance actual aproximado del 25% en sus NDC, el financiamiento insuficiente sigue siendo el principal obstáculo para el progreso.

La implementación de las metas de NDC del sector bosques de Bolivia tendría un costo de 5.796 millones de dólares, de los cuales el 60 % depende de la cooperación internacional, subrayando la importancia del apoyo global para cumplir con las metas climáticas.

Bolivia, al igual que otros países en desarrollo, necesita fortalecer su infraestructura financiera y de gobernanza climática para gestionar eficientemente los recursos que reciba y canalizarlos hacia sectores prioritarios como la adaptación.

 

Referencias

APMT (2023). Progreso de las metas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND/NDC) 2021-2030, en el marco del Primer Balance Global (Global Stocktake-GST). Reporte sobre el periodo 2021-2022. La Paz, Bolivia.

Barrett, S., Baker, E., & Galasso, V. (2020). Adapting to climate change: Addressing the need for financing in developing countries. Climate Policy Initiative.

Buchner, B., Clark, A., Falconer, A., Macquarie, R., Meattle, C., & Tolentino, R. (2021). Global Landscape of Climate Finance 2021. Climate Policy Initiative. Recuperado de https://www.climatepolicyinitiative.org/

CEPAL. (2023). Informe sobre financiamiento climático en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2019). Special Report on Climate Change and Land. IPCC. Recuperado de https://www.ipcc.ch/

Pickering, J., Betzold, C., & Skovgaard, J. (2017). Managing fragmentation and complexity in the emerging system of international climate finance. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 17(1), 1-16. https://doi.org/10.1007/s10784-016-9349-2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). Informe de desarrollo humano y cambio climático. Naciones Unidas. Recuperado de https://www.undp.org/

United Nations Environment Programme. (2024). Emissions Gap Report 2024. UNEP. Recuperado de https://www.unep.org/

United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Adaptation Gap Report 2021. UNEP. Recuperado de https://www.unep.org/

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2022). Progress report on the 100 billion dollar commitment for climate finance. Naciones Unidas. Recuperado de https://unfccc.int/

World Bank. (2021). Climate finance for adaptation: Current needs and future projections. The World Bank Group. Recuperado de https://www.worldbank.org/

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